En respuesta a ciertas afirmaciones recientes, EAPN Castilla y León, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en nuestra región, desea hacer pública su postura:
1.Lamentamos profundamente la relación directa y carente de base estadística que se ha intentado establecer entre la inmigración y la criminalidad en nuestra Comunidad. Estas afirmaciones generan estigmatización hacia las personas migrantes y pueden generar un clima de temor infundado en nuestra sociedad.
2.Queremos enfatizar que las acciones llevadas a cabo por organizaciones como Cruz Roja y ACCEM (así como otras del mismo ámbito), se desarrollan dentro del marco legal establecido. Su labor es fundamental para velar por los derechos y deberes de las personas que llegan a Castilla y León, así como para garantizar su inclusión social y laboral en nuestra sociedad
3.Es importante resaltar que estas organizaciones, al igual que cualquier otra entidad social, están sujetas a un riguroso control de su financiación por parte de la Administración, cumpliendo con los más altos estándares de transparencia en su gestión.
4.La atención a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad en Castilla y León se sustenta en un marco normativo amplio que abarca desde la legislación internacional hasta la autonómica. En resumen, este marco incluye:
Normativa Internacional: Compromisos adquiridos por España en tratados y convenios que promueven la protección de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las migrantes.
Normativa de la Unión Europea: Directivas y políticas comunitarias que establecen mínimos de protección y asistencia a las personas migrantes en situación vulnerable.
Constitución Española de 1978: Fundamenta el respeto a la dignidad de todas las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Establece derechos y libertades, así como las bases para la integración social de las personas extranjeras en España.
Legislación Autonómica: Complementa y adapta las normativas nacionales y europeas a la realidad específica de Castilla y León, promoviendo la integración social y económica de las personas migrantes.
La justificación normativa para atender a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad en Castilla y León se basa, por tanto, en un compromiso con los derechos humanos, el respeto a la dignidad de todas las personas y la búsqueda de una sociedad inclusiva y cohesionada.
5. Las personas migrantes en Castilla y León realizan un esfuerzo para integrarse y son una parte valiosa de la sociedad. Según la última Encuesta de Población Activa, la tasa de empleo de la población extranjera se sitúa en un 61,58% siendo su tasa de actividad en el 69,51%.
6.Asimismo, consideramos necesario centrar el debate político y social en los verdaderos problemas que aquejan a nuestra comunidad. El último informe AROPE2 muestra que el 22,1% de la población en castilla y león se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, afectando gravemente a 170.830 personas en situación de pobreza severa. Estas cifras reflejan una realidad que requiere de la atención y acción conjunta de todos los sectores de la sociedad.
Castilla y León gracias a sus políticas sociales, se ha mostrado como una tierra llena de oportunidades y de acogida, tanto para las personas que desean volver a su comunidad de origen, así como para todas aquellas que independientemente de sus circunstancias, deciden abandonar su país de origen ya sea de forma voluntaria o involuntariamente para perseguir un futuro mejor que les permitan desarrollar su proyecto de vida. Por lo que pedimos seguir trabajando de forma colaborativa para conseguir este fin.
1 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4218 // https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4227
2 https://www.eapn.es/estadodepobreza/pobrezaCCAA-2023.php
