El pasado día 28 de febrero, Jonathan Sánchez, coordinador de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Castilla y León, fue invitado al programa “La brújula” de Onda Cero para explicar los datos revelados por la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la comunidad.

El informe recopila datos sobre la tasa AROPE, tanto a nivel nacional como regional, que indica el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social. En Castilla y León, la tasa AROPE se sitúa en un 22,4%, lo que supone un aumento de 1,3 puntos con respecto al año anterior, principalmente debido al deterioro del componente de privación material y social severa, que alcanza el 6,4%. Además, el riesgo de pobreza ha aumentado en un punto hasta el 18,8%, mientras que la baja intensidad en el empleo ha mejorado ligeramente descendiendo hasta el 7,3%, lo que significa que hay más personas trabajando.

La encuesta revela un aumento en la población en situación de pobreza, a pesar de un ligero incremento en la renta por unidad de consumo, lo que significa que este aumento no logra contrarrestar los efectos de la inflación.

Por grupo, los datos también reflejan una preocupante disparidad de género, con peores resultados para las mujeres en comparación con los hombres y particularmente alarmante es el nivel de pobreza infantil, que alcanza un elevado 28,5% a nivel nacional.

Además, la desigualdad económica también está en aumento: el 20% más rico de la población recibe 5,1 veces más ingresos que el 20% más pobre, una brecha que se ha ampliado con respecto al período anterior estudiado.

Con respecto a la formación, a pesar de que la formación protege de la pobreza el 7,8% de las personas con estudios superiores está en situación de pobreza y el 9% de la población con empleo es pobre.

Ante estos datos desde EAPN Castilla y León proponemos mantener las medidas de protección tomadas durante la pandemia, y, de forma más concreta en Castilla y León, la complementariedad entre el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía y medidas específicas contra la pobreza infantil. Todas estas medidas deben estar financiadas a través de un sistema fiscal justo y redistributivo que permita atajar estas desigualdades.